La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha propuesto a María Isabel Martín López como nueva fiscal Superior de la Comunidad de Madrid, lo que ha desencadenado una controversia en el ámbito judicial.
Almudena Lastra, quien hasta ahora ocupaba el cargo de fiscal jefa de la Audiencia Provincial de Madrid, ha decidido impugnar ante el Tribunal Supremo su salida de la jefatura del ministerio público tras cinco años de servicio. Esta acción legal se basa en el Real Decreto que designa a Martín López como su sucesora.
Desde 2018, Martín ha desempeñado su labor en la Secretaría Técnica de la Fiscalía, un órgano fundamental que brinda apoyo a la fiscal general. Peramato ha elogiado las cualidades profesionales de Martín, destacando su «alto nivel de competencia técnica» y su capacidad para manejar responsabilidades complejas. Además, ha presentado un plan para transformar la Fiscalía Superior de Madrid, enfatizando principios como la excelencia y el servicio público.
El cese de Lastra ha suscitado críticas por parte de la Asociación de Fiscales (AF), que ha manifestado su descontento con el nombramiento de Martín, argumentando que está por debajo de Lastra en el escalafón y que la decisión de Peramato responde a una estrategia de purga dentro del ministerio público. La AF ha resaltado la trayectoria de 35 años de Lastra y su valentía al testificar contra el exfiscal general Álvaro García Ortiz, quien fue condenado por revelar información confidencial.
La asociación también ha defendido la autonomía profesional de Lastra, afirmando que su actuación se basó en una evaluación neutral de los hechos, sin dejarse influir por consideraciones externas. Por su parte, Peramato ha rechazado la idea de haber llevado a cabo una «purga» de fiscales, argumentando que los cambios en el liderazgo son parte de la normalidad del sistema, dado que los mandatos de los fiscales jefes son de cinco años.
El Foro Judicial Independiente ha calificado de «demoledor» el mensaje que transmite la fiscal general con este nombramiento, sugiriendo que podría tener implicaciones más amplias en la percepción de la independencia del ministerio público.