
La Delegación del Gobierno en Madrid ha enviado cartas al consejero de Presidencia de la Comunidad y a la concejala del distrito en el Ayuntamiento de Madrid, solicitando «información actualizada» sobre las medidas de seguridad implementadas en el parque del Paraíso, ubicado en San Blas-Canillejas. Este requerimiento surge tras el trágico asesinato de un joven de 20 años en el área, un hecho que se investiga por sus posibles conexiones con el tráfico de drogas y que ha reavivado las preocupaciones sobre la inseguridad en la zona, expresadas por los residentes.
Las misivas, dirigidas a Miguel Ángel García Martín y Almudena Maíllo, respectivamente, tienen como objetivo obtener detalles sobre las acciones actuales y futuras que ambas administraciones están llevando a cabo en cumplimiento de sus competencias en el contexto del parque. Esta solicitud se enmarca en el compromiso establecido en una reunión reciente entre el delegado y representantes del Ayuntamiento y de diversas asociaciones vecinales de San Blas, a la que no asistieron representantes de la Comunidad de Madrid, quienes argumentaron que el delegado intentaba «diluir» su responsabilidad en el asunto.
Maíllo ha exigido «una mayor presencia policial inmediata» en San Blas tras el crimen en el parque, y ha señalado que, tal como se acordó en la reunión del viernes pasado, se planea convocar otro encuentro en aproximadamente un mes. Esta nueva cita incluirá a ambas administraciones y a representantes de las asociaciones vecinales, con el fin de elaborar un Plan Integral para el Parque Paraíso que contemple intervenciones en los ámbitos policial, social y sanitario.
Desde la Delegación del Gobierno han aclarado que esta solicitud de información se realiza en el marco de las funciones de coordinación y colaboración que tienen los delegados con otras administraciones públicas, lo que incluye la obtención de información de la administración autonómica y de las entidades locales en su ámbito de actuación. En relación a la seguridad, la Comunidad de Madrid posee competencias que están directamente relacionadas con factores que afectan la vulnerabilidad, el deterioro urbano, la convivencia, la salud pública, la atención social, la juventud, la educación y la coordinación de policías locales.
