
El Ayuntamiento de Madrid aprobará en el pleno de octubre la aplicación de la Ley 3/2024 de la Comunidad de Madrid, que permitirá la construcción de viviendas protegidas de alquiler en suelos originalmente destinados a oficinas. Este paso clave, que sigue a un exhaustivo estudio urbanístico, podría marcar el inicio de un proceso que proyecta la edificación de hasta 20.000 viviendas en la capital, conforme avancen los nuevos desarrollos.
El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, presentará los resultados de este estudio en la próxima Junta de Gobierno. Dicho informe analiza la viabilidad de aplicar el artículo 2 de la Ley 3/2024, de 28 de junio, que introduce medidas urbanísticas para la promoción de vivienda protegida, permitiendo el cambio de uso de suelos terciarios (oficinas) para construir viviendas con algún tipo de protección pública.
Primera fase: 7.500 viviendas protegidas
Según el estudio realizado, en una primera fase, Madrid podría albergar la construcción de unas 7.500 viviendas protegidas de alquiler en suelos destinados a oficinas. Esta cifra representa el comienzo de una estrategia que, con el avance de los desarrollos urbanísticos en la ciudad, podría llegar a las 20.000 viviendas.
El Ayuntamiento subraya que este ambicioso plan es parte de una modificación legislativa aprobada en junio por la Comunidad de Madrid. La Ley 3/2024 tiene como objetivo convertir 1,8 millones de metros cuadrados de suelo terciario en espacios residenciales destinados a la vivienda protegida, una medida que busca paliar el déficit de oferta habitacional, particularmente en el mercado del alquiler.
Una nueva estrategia para afrontar la crisis de vivienda
Con esta normativa, los suelos previamente calificados como terciarios, es decir, destinados a oficinas, podrán transformarse en residenciales, siempre que se destinen a viviendas protegidas de alquiler (VPP). El cambio, diseñado para aumentar la oferta de vivienda asequible, otorga a los ayuntamientos la potestad de decidir su aplicación en un plazo de cuatro meses desde la entrada en vigor de la ley, un plazo que el Ayuntamiento de Madrid ha aprovechado para estudiar en detalle los potenciales beneficios de la medida.
La propuesta ha sido recibida con interés por parte del sector inmobiliario y urbanístico, ya que plantea una solución innovadora a la falta de oferta de viviendas en alquiler asequible en la capital. La conversión de espacios infrautilizados, como las oficinas que se vieron afectadas por el teletrabajo tras la pandemia, podría tener un impacto positivo en la ciudad, al mismo tiempo que se optimiza el uso del suelo disponible.
Reparto por distritos
El análisis del Ayuntamiento ha identificado varias áreas de Madrid donde la normativa podría aplicarse de manera inmediata. Entre ellas, destacan los distritos de Hortaleza, Vicálvaro y Villa de Vallecas, que podrían acoger el mayor número de viviendas en esta primera fase.
El reparto estimado de las 7.500 viviendas por distritos es el siguiente:
- Hortaleza: 3.725 viviendas
- Vicálvaro: 2.092 viviendas
- Villa de Vallecas: 1.032 viviendas
- Arganzuela: 196 viviendas
- Retiro: 130 viviendas
- San Blas-Canillejas: 121 viviendas
- Villaverde: 90 viviendas
- Barajas: 42 viviendas
- Moncloa-Aravaca: 36 viviendas
Este plan excluye los suelos industriales, considerados inadecuados para el desarrollo de viviendas, y se enfoca exclusivamente en parcelas con calificación de uso terciario oficinas, ya sean exclusivas o en combinación con otros usos.
Un reto urbanístico para el futuro
El Ayuntamiento ha asegurado que, para llevar a cabo estas transformaciones, se han considerado factores clave como el estado de urbanización de los terrenos y el grado de construcción en las parcelas seleccionadas, con el fin de garantizar la viabilidad del proyecto. Además, la Ley exige que las solicitudes de licencias para edificar se presenten en un plazo de dos años en solares listos o en ámbitos en proceso de urbanización.
Este ambicioso proyecto promete transformar algunas zonas de Madrid, contribuyendo a aliviar la creciente demanda de vivienda asequible en la capital y optimizando el uso de suelos infrautilizados. Con la aplicación de la Ley 3/2024, Madrid da un paso importante hacia la creación de una oferta de vivienda más accesible, en un contexto marcado por la falta de alternativas en el mercado de alquiler protegido.