Madrid se ha consolidado como la ciudad española donde los vecinos pagan más impuestos locales, desembolsando en promedio 1.001 euros por habitante al año, según un reciente estudio del Registro de Economistas Asesores Fiscales. Este informe, que analiza la situación tributaria en las capitales de provincia, revela las marcadas diferencias en la carga impositiva que soportan los ciudadanos según su lugar de residencia. A pesar de las promesas políticas de alivio fiscal, el Ayuntamiento de Madrid, bajo la administración de José Luis Martínez Almeida, fue el que más recaudó en 2023.
El estudio pone de relieve que las disparidades entre ciudades son «importantes». Mientras que los habitantes de Madrid pagan 1.001 euros al año en tributos locales, en ciudades como Pamplona, la cifra se reduce a 435 euros por habitante, una diferencia de 566 euros entre la ciudad que más paga y la que menos.
Barcelona, Gerona y Tarragona, entre las ciudades más gravadas
Después de Madrid, tres ciudades catalanas ocupan los primeros puestos en cuanto a la presión fiscal local. Barcelona registra un pago promedio de 978 euros por habitante, seguida por Tarragona (917 euros) y Gerona (901 euros). Estas ciudades evidencian que las diferencias geográficas tienen un fuerte impacto en la política tributaria y en la recaudación de impuestos.
Otras capitales como Toledo (874 euros), Soria (864 euros), Lleida (862 euros) y Segovia (843 euros) también se sitúan en la parte alta del ranking. En el extremo opuesto, además de Pamplona, Jaén (492 euros) y Badajoz (508 euros) se encuentran entre las capitales de provincia con menor presión fiscal.
El IBI: el principal motor de los ingresos locales
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) se confirma como la principal fuente de ingresos para los ayuntamientos, representando el 66% de sus recursos tributarios. Este impuesto, obligatorio para los propietarios de bienes inmuebles, ofrece a las corporaciones locales un considerable margen normativo para ajustarlo, lo que explica parte de las variaciones en la recaudación entre municipios.
Otros impuestos, como el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), tienen una contribución mucho menor. El IAE apenas representa el 8% de los ingresos municipales, afectado por numerosas exenciones, mientras que el IVTM, que aporta un 11%, depende en gran medida de la estrategia de los municipios para atraer flotas de vehículos ofreciendo tipos impositivos reducidos.
Tasas municipales: un 28,6% de la recaudación total
Las tasas municipales, que gravan servicios o el uso del dominio público, aportan el 28,6% de los ingresos de las Haciendas Locales. Sin embargo, el informe subraya que las diferencias en cómo se aplican estas tasas son notables entre municipios, lo que añade complejidad al panorama fiscal local.
Desigualdad en el acceso a la justicia tributaria local
El informe también destaca una cuestión preocupante: solo algunos ayuntamientos cuentan con órganos económico-administrativos que permitan a los contribuyentes recurrir sus liquidaciones tributarias antes de acudir a la vía judicial. En los municipios que carecen de este órgano, los ciudadanos deben recurrir directamente a la vía contencioso-administrativa, un proceso que conlleva mayores costes y desincentiva a muchos de litigar, aunque consideren incorrectas las liquidaciones.
La radiografía de los tributos locales en España muestra un panorama marcado por grandes desigualdades. Ciudades como Madrid y Barcelona soportan una mayor carga fiscal, mientras que otras, como Pamplona o Jaén, ofrecen un alivio considerable a sus vecinos. La importancia del IBI en la recaudación local, junto con las diferencias en la aplicación de otros impuestos y tasas, refleja la complejidad de un sistema tributario descentralizado. Los ciudadanos, dependiendo de dónde vivan, pueden enfrentarse a realidades fiscales muy distintas.
El alto nivel de gastos del Ayuntamiento de Madrid puede explicarse en gran medida por las necesidades y retos específicos que enfrenta una gran capital. Madrid, como la mayor ciudad de España, asume la responsabilidad de financiar una extensa red de infraestructuras, servicios públicos y programas sociales que requieren importantes recursos. Además, su papel como centro administrativo, cultural y económico del país incrementa la demanda de inversiones en seguridad, transporte, mantenimiento urbano y servicios para una población en constante crecimiento.
Esta mayor demanda de financiación lleva a una presión fiscal elevada sobre los ciudadanos, que se traduce en impuestos locales más altos, especialmente en comparación con otras ciudades del país. Sin embargo, la fuerte dependencia del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que representa el 66% de los ingresos municipales, también pone de manifiesto la limitada diversificación en las fuentes de recaudación, lo que agrava la carga fiscal sobre los propietarios de bienes inmuebles. La combinación de altos costes de gestión y una política fiscal concentrada en un número limitado de tributos contribuye a una presión fiscal que, para muchos vecinos, resulta excesiva.