La relación entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio para la Transición Ecológica ha alcanzado un nuevo nivel de tensión tras la propuesta de sanción emitida por la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) contra el Ejecutivo madrileño. El motivo de la sanción es la ocupación de cauces sin la debida autorización para la construcción de dos puentes provisionales tras los graves daños ocasionados por la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) de 2023, que dejó incomunicados a varios municipios en el suroeste de la región.
El conflicto surge a raíz de la propuesta de sanción, de carácter administrativo leve y con un importe de 4.500 euros, que se ha conocido esta semana. La Confederación acusa a la Comunidad de Madrid de haber ocupado los cauces fluviales sin el permiso necesario. Sin embargo, desde el Gobierno regional, liderado por Isabel Díaz Ayuso, consideran que dicha sanción ignora el acuerdo alcanzado hace un año, que les permitía ejecutar obras urgentes sin esperar la autorización formal, dada la emergencia del momento.
Acuerdo ignorado y acusaciones cruzadas
El portavoz del Gobierno madrileño, Miguel Ángel García Martín, ha manifestado su indignación ante la sanción, afirmando que la Confederación Hidrográfica del Tajo ha convertido en «papel mojado» el acuerdo que permitía llevar a cabo estas obras en un contexto de crisis. Según García Martín, los puentes provisionales eran necesarios para restaurar la movilidad en municipios como Aldea del Fresno, que quedó completamente aislado debido a la destrucción de infraestructuras críticas.
«Si fuera por la Confederación Hidrográfica del Tajo, estos municipios seguirían aislados», ha señalado el portavoz, criticando la inacción del organismo y subrayando que fue la Comunidad de Madrid quien tomó la iniciativa en la reconstrucción, invirtiendo 60 millones de euros en las zonas afectadas. Además, el Ejecutivo regional ha reprochado al Gobierno central que, trece meses después del temporal, aún no se hayan transferido los fondos prometidos para cubrir los daños ocasionados por la DANA.
Falta de limpieza de cauces y efectos del temporal
El malestar del Gobierno madrileño no se limita únicamente a la propuesta de sanción. La Comunidad de Madrid ha acusado directamente a la Confederación Hidrográfica del Tajo de no haber realizado adecuadamente la limpieza y mantenimiento de los cauces fluviales, lo que, según sostienen, agravó los efectos del temporal. Para García Martín, resulta «curioso» que el organismo responsable de esa tarea, que no cumplió con sus obligaciones de limpieza, ahora pretenda sancionar a la Comunidad por su actuación en una situación de emergencia.
La falta de mantenimiento de los cauces, según las autoridades madrileñas, habría contribuido al desbordamiento de los ríos durante el temporal, incrementando la devastación en los municipios afectados. «Es irónico que quienes no cumplieron con sus responsabilidades en la limpieza ahora abran un procedimiento sancionador contra la Comunidad por ocupar provisionalmente esos cauces para restablecer la movilidad», ha reprochado el portavoz.
Una controversia política de fondo
Este choque entre administraciones subraya las tensiones crecientes entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central en cuestiones de gestión de emergencias y medio ambiente. Para el equipo de Díaz Ayuso, el conflicto no solo es técnico o administrativo, sino que también tiene un trasfondo político, con reproches que van más allá de la DANA y afectan a la gestión general de recursos y competencias entre la Comunidad y los organismos del Estado.
Desde el Ministerio para la Transición Ecológica, liderado por la vicepresidenta Teresa Ribera, no se ha emitido aún una respuesta oficial a las críticas del Gobierno regional, aunque fuentes cercanas al departamento señalan que la sanción es el resultado de un procedimiento administrativo estándar y no de una acción política dirigida contra el Ejecutivo madrileño.
El desencuentro parece destinado a intensificarse, ya que tanto la Comunidad de Madrid como el Ministerio tienen posiciones firmes respecto a la responsabilidad en la gestión de los daños causados por la DANA y en la ejecución de las obras de reconstrucción. Lo que está claro es que este conflicto refleja una profunda divergencia en la visión sobre cómo gestionar las emergencias climáticas y el papel de las distintas administraciones en momentos críticos.