La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso presentado por ADIF, la empresa pública ferroviaria, que impugnaba una decisión judicial obligándola a evaluar el estado del paso elevado ferroviario en Collado Villalba y a implementar medidas preventivas para asegurar tanto la infraestructura como la seguridad de los usuarios.
Este fallo reafirma una resolución emitida en enero de 2025 por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 5, que ordenaba a ADIF la elaboración urgente de un informe técnico sobre el deterioro del puente en la línea ferroviaria 100. Además, se le requería identificar las acciones de seguridad necesarias, mientras que el Ayuntamiento debía restringir el uso de las áreas afectadas hasta que se llevaran a cabo dichas medidas.
ADIF había impugnado la decisión, argumentando que el juzgado se había adelantado al fondo del asunto y sostenía que las responsabilidades de conservación recaían en el Ayuntamiento, dado que se trataba de una vía urbana municipal. Sin embargo, la Audiencia Nacional rechazó estos argumentos, afirmando que la medida cautelar no entraba en la cuestión de la titularidad de la infraestructura y no anticipaba el resultado de la sentencia final.
El tribunal precisó que la resolución no obligaba a ADIF a realizar de inmediato las obras de reparación, sino que simplemente requería la elaboración de un análisis técnico y la implementación de las medidas de protección consideradas necesarias.
Desde el Ayuntamiento de Collado Villalba, se ha recibido con satisfacción esta nueva resolución judicial, destacando que los tribunales «han vuelto a respaldar al Consistorio» en sus repetidas solicitudes a ADIF para garantizar la seguridad de esta infraestructura. Las autoridades locales expresan su deseo de que los trabajos de conservación y mantenimiento del puente sobre la vía del tren se realicen lo antes posible, prestando atención a elementos críticos como armaduras, tablero, vigas y estribos.
La alcaldesa, Mariola Vargas, enfatizó que el Ayuntamiento ha actuado en defensa del interés general de los vecinos y su seguridad a lo largo de este extenso proceso, insistiendo en que ADIF, como responsable de la infraestructura, debe llevar a cabo los trabajos de conservación, tal como lo ha dictado la justicia.
Durante este procedimiento, el Ayuntamiento presentó informes periciales que alertaban sobre el deterioro del puente, revelando problemas como desprendimientos de hormigón y corrosión en componentes metálicos asociados a la estructura ferroviaria.