
El Ayuntamiento de Madrid se encuentra en una encrucijada jurídica y política tras la sentencia que anula las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en la capital. Aunque aún se desconoce si el consistorio presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, lo que ya es un hecho es que se está elaborando una nueva Ordenanza de Movilidad. Así lo anunció ayer el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien destacó la importancia de contar con una normativa que regule los desplazamientos en la ciudad, afirmando que «sería una irresponsabilidad no hacerlo».
La sentencia que declara nulas las ZBE ha generado un intenso debate en torno al equilibrio entre el derecho a la movilidad y la necesidad de garantizar un aire más limpio en la capital. El Gobierno de Madrid trabaja actualmente en la tramitación de una nueva ordenanza que, según Almeida, tendrá un enfoque similar al de la normativa vigente hasta ahora. El alcalde aseguró que el modelo actual «funciona», a pesar de las críticas de ciertos sectores políticos, como Vox, que niegan la existencia de un problema ambiental, y la izquierda, que considera insuficientes las medidas implementadas hasta el momento.
El desafío de conciliar movilidad y calidad del aire
Con más de 14 millones de desplazamientos diarios en Madrid, el alcalde ha subrayado la importancia de contar con una cobertura normativa que regule el tráfico y proteja el entorno urbano. «Madrid no se puede quedar sin una ordenanza de movilidad», sentenció Martínez-Almeida, consciente de la necesidad de dar respuesta a los desafíos tanto de movilidad como de sostenibilidad que enfrenta la capital. La nueva normativa, que el equipo municipal está desarrollando, busca ser un equilibrio entre las demandas económicas de la ciudad y la protección del medio ambiente.
Por su parte, el Gobierno regional, a través del consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha mostrado su apoyo al Ayuntamiento de Madrid. Durante una rueda de prensa, Rodrigo subrayó que las ZBE eran una implementación de una directiva europea de obligado cumplimiento, y destacó que la calidad del aire de la capital ha mejorado desde la entrada en vigor del programa Madrid 360.
«Es necesario buscar un equilibrio», señaló Rodrigo, quien hizo énfasis en la importancia de garantizar el derecho a la movilidad, especialmente para familias, comerciantes y transportistas, al mismo tiempo que se cumple con las directrices europeas y se trabaja para mejorar la calidad del aire.
Decisión inminente: recurso ante el Tribunal Supremo
El Ayuntamiento de Madrid comunicará esta semana si finalmente recurre o no la sentencia que ha invalidado las ZBE. Mientras tanto, los servicios jurídicos del consistorio están analizando las posibilidades legales, conscientes de la importancia de mantener un sistema que permita controlar el tráfico en la ciudad, limitar las emisiones contaminantes y cumplir con las normativas europeas.
El debate sobre la movilidad en Madrid no solo está centrado en los problemas de tráfico, sino también en los compromisos adquiridos en materia ambiental y en las exigencias de una ciudadanía que reclama ciudades más sostenibles. En este sentido, Martínez-Almeida ha defendido que es posible que Madrid siga siendo una «locomotora económica» y una de las ciudades más prósperas de Europa, al mismo tiempo que mantiene altos estándares en cuanto a la calidad del aire.
Una norma que perjudica a los más vulnerables
La nueva Ordenanza de Movilidad que el Ayuntamiento de Madrid está redactando, tras la sentencia que anula las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), pretende seguir una línea similar a la norma anterior. Aunque el alcalde José Luis Martínez-Almeida afirma que «funciona», lo cierto es que este tipo de legislaciones tienen un impacto desigual en los ciudadanos, afectando especialmente a aquellos con menos recursos.
Es incuestionable que la calidad del aire y el medio ambiente deben ser una prioridad para cualquier ciudad moderna. Sin embargo, las ZBE y las restricciones a la circulación de vehículos, tal como se plantean, están lejos de ser una solución justa. Este tipo de normas, aunque necesarias desde el punto de vista ecológico, imponen barreras económicas a los ciudadanos más humildes, aquellos que no tienen la capacidad de adquirir vehículos híbridos o eléctricos, ni mucho menos de cambiar su coche por uno que cumpla con las cada vez más estrictas normativas de emisiones.
La movilidad no puede convertirse en un lujo. Para muchos madrileños, el coche no es una opción, sino una necesidad. Las familias con menos ingresos, que suelen vivir en zonas periféricas o en municipios cercanos, dependen de sus vehículos para desplazarse al trabajo, llevar a sus hijos al colegio o realizar las actividades cotidianas que, de otra manera, serían inviables debido a la falta de alternativas de transporte público eficientes. Al imponer restricciones a los coches más antiguos y contaminantes, se está penalizando a los que no tienen otra opción, forzándolos a elegir entre una costosa renovación de su vehículo o enfrentar sanciones económicas.
Además, las ayudas y subvenciones para la adquisición de vehículos menos contaminantes, si bien existen, resultan insuficientes y no alcanzan a la mayoría de los ciudadanos que más lo necesitan. En la práctica, la nueva ordenanza puede traducirse en una brecha social cada vez más marcada, donde solo quienes tienen acceso a recursos pueden permitirse circular libremente por la ciudad. Esta desigualdad, lejos de ser combatida, se ve exacerbada por una legislación que, bajo la justificación de la sostenibilidad, olvida el principio básico de equidad.
Es necesario buscar alternativas que no carguen el peso de la transición ecológica exclusivamente sobre los hombros de los más vulnerables. Las políticas de movilidad deben ser inclusivas y ofrecer soluciones realistas para todos los ciudadanos, no solo para aquellos con capacidad adquisitiva suficiente para cumplir con las exigencias.
El Ayuntamiento de Madrid debe ser consciente de que legislar en contra de los intereses de quienes no pueden permitirse un coche nuevo no es solo una cuestión de movilidad, sino de justicia social.