La Audiencia Provincial de Madrid ha dictado una sentencia condenatoria de 26 años de prisión contra un taxista acusado de abusos sexuales a varias menores, amigas y compañeras de sus hijos. El individuo ofrecía drogas, dinero y regalos a cambio de mantener relaciones íntimas con ellas. Las investigaciones realizadas por las autoridades revelaron un patrón de conducta delictiva que se extendió desde finales de 2021 hasta octubre de 2023.
La situación fue denunciada por los padres de una de las víctimas, quienes se percataron de ingresos hospitalarios por adicción a drogas. Esta denuncia dio inicio a una investigación por parte de la Unidad FAM de la Policía Nacional, que logró obtener pruebas contundentes en el teléfono móvil del acusado, incluyendo conversaciones, fotografías desnudas y vídeos sexuales enviados por las menores.
Desarrollo de la investigación y pruebas recabadas
El caso cobró relevancia cuando los padres de una de las víctimas notaron que su hija había desarrollado una dependencia a diversas sustancias. Tras la denuncia, la Policía Nacional dirigió la investigación a la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer, donde se llevaron a cabo las indagaciones pertinentes.
El análisis del dispositivo móvil del taxista resultó fundamental, ya que los agentes confirmaron contactos reiterados con las menores y contenido sexual enviado por ellas. Este material se convirtió en la principal evidencia para sustentar las acusaciones de corrupción de menores, abusos sexuales y delitos contra la salud pública.
Modus operandi y contexto familiar del acusado
Según el relato presentado por la fiscalía, el condenado aprovechaba la presencia de varias adolescentes en su hogar en Carabanchel, donde acudían como amigas de sus hijos. En ese entorno, establecía contacto con ellas y les ofrecía cocaína, hachís, marihuana, dinero y regalos a cambio de mantener relaciones sexuales o cualquier tipo de contacto íntimo.
Las menores, como se detalla en la sentencia, llegaron a desarrollar adicciones relacionadas con las sustancias que él les proporcionaba, lo que se consideró un agravante que influyó en la severidad de la pena impuesta.
Defensa del acusado y veredicto final
La sentencia también incluye medidas de libertad vigilada que van de cinco a diez años, así como inhabilitación para ejercer la patria potestad durante cinco años y para trabajar en profesiones que impliquen contacto habitual con menores por un periodo de hasta veinte años.
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