El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anula la Zona de Bajas Emisiones por falta de un informe sobre el impacto económico

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Madrid, creada por la Ordenanza de Movilidad Sostenible de 2021, argumentando que no se evaluaron adecuadamente las repercusiones económicas de la normativa, especialmente en sectores vulnerables como los particulares y pequeños empresarios. La sentencia, dictada hoy y firmada por el magistrado José Manuel Ruiz Fernández, estima parcialmente el recurso presentado por Vox y señala la «insuficiencia manifiesta» de informes, en particular, del análisis sobre el impacto económico.

La Zona de Bajas Emisiones de Madrid, cuya delimitación ahora ha sido anulada, cubre todas las calles de la ciudad, tanto dentro como fuera del anillo de la M30. Esta zona restringe la circulación de vehículos en función de su etiqueta ambiental, con un calendario progresivo de restricciones más severas en los próximos años. Además, incluye las áreas especiales del Distrito Centro y Plaza Elíptica, zonas también afectadas por la sentencia.

No obstante, la decisión judicial no es definitiva y aún cabe recurso. En consecuencia, la Zona de Bajas Emisiones seguirá operativa hasta que se emita una nueva resolución judicial. El Ayuntamiento de Madrid, bajo el liderazgo de José Luis Martínez Almeida, podría apelar la sentencia y defender la continuidad de estas medidas en el marco de sus políticas medioambientales.

Falta de evaluación económica

El tribunal ha destacado la falta de un informe detallado sobre el impacto económico de la ZBE, subrayando que la intensidad de las restricciones exigía una ponderación más exhaustiva de las consecuencias para los ciudadanos y empresas. Según el fallo, las restricciones afectan a un «elevadísimo número de vehículos» y, por tanto, a un amplio grupo de ciudadanos y negocios que se ven obligados a renovar su flota para cumplir con los requisitos ambientales.

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El TSJM considera que esta normativa afecta desproporcionadamente a personas y sectores con menos recursos económicos, quienes se ven en la difícil situación de tener que cambiar su vehículo sin que se haya evaluado el coste de adquirir uno nuevo. «La Ordenanza incidirá especialmente en los titulares con menor capacidad económica para renovar su vehículo, pero no se hace la menor valoración de este factor», señala la sentencia. Además, subraya que no se estudió la posibilidad de implementar medidas alternativas menos restrictivas o que no generasen un impacto tan severo en los colectivos más vulnerables.

Competencia del Ayuntamiento y la necesidad de equilibrio

Aunque el tribunal reconoce la potestad del Ayuntamiento para establecer medidas que protejan la salud pública y el medioambiente, subraya que estas decisiones deben tomarse con la «diligencia pertinente» y considerando los efectos en la población. Según el TSJM, es imprescindible realizar un balance adecuado entre los beneficios ambientales y los costes que suponen las restricciones, especialmente cuando estas afectan de manera directa a las personas con menos recursos.

La sentencia plantea un desafío significativo para las políticas medioambientales del consistorio madrileño. La ZBE ha sido una de las medidas más emblemáticas en la lucha contra la contaminación en la capital, alineada con los compromisos europeos y nacionales para reducir las emisiones de gases contaminantes y mejorar la calidad del aire.

Repercusiones políticas y sociales

El fallo ha generado un intenso debate en el ámbito político y social. Vox, el partido que impulsó el recurso, ha celebrado la decisión judicial como una victoria contra lo que consideran una política restrictiva y lesiva para los ciudadanos de menores ingresos. Desde su perspectiva, la ZBE perjudica especialmente a los pequeños empresarios y a las familias con menos capacidad económica, que se ven forzados a cambiar sus vehículos sin que existan suficientes ayudas o alternativas viables.

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Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid se enfrenta ahora a la necesidad de replantear o defender sus medidas en un contexto legal incierto. Martínez Almeida ha defendido en varias ocasiones la importancia de la ZBE para reducir los niveles de contaminación en la ciudad, una problemática que afecta gravemente a la salud de los madrileños, pero la sentencia del TSJM pone en entredicho el enfoque y la implementación de estas políticas.

El futuro de la movilidad en Madrid

El futuro de la Zona de Bajas Emisiones en Madrid está ahora en manos del proceso judicial. La decisión del TSJM, aunque no firme, sienta un precedente sobre la importancia de equilibrar las políticas medioambientales con las necesidades económicas de los ciudadanos. La falta de un informe de impacto económico se presenta como una deficiencia clave en la justificación de estas medidas, lo que podría obligar al Ayuntamiento a revisar sus procedimientos y presentar alternativas más inclusivas.

A la espera de nuevos desarrollos judiciales, el debate sobre cómo conciliar la protección del medioambiente con las realidades económicas seguirá marcando la agenda política en Madrid, una ciudad que, como muchas otras en Europa, se enfrenta al desafío de reducir las emisiones contaminantes sin dejar atrás a los más vulnerables.

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