Investigación sobre la Protección del Río Guadarrama
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8 de Navalcarnero ha convocado a varios alcaldes, concejales y funcionarios públicos a declarar en calidad de investigados el próximo 17 de diciembre. Esta citación involucra a aquellos que ejercieron funciones municipales entre 2021 y 2023 en los municipios adyacentes al río Guadarrama. Entre los mencionados se encuentran figuras destacadas como Ana Millán, exalcaldesa de Arroyomolinos y actual vicesecretaria del PP de Madrid; Luis Quiroga, actual alcalde de Arroyomolinos (PP); y José Luis Adell, alcalde de Navalcarnero (PSOE).
Ante la citación, los ayuntamientos de Arroyomolinos y Navalcarnero han rechazado las acusaciones de «inactividad» en la protección del cauce del río Guadarrama. Ambos municipios argumentan que la complejidad de la situación actual supera las capacidades de respuesta de una administración local. Este desarrollo se produce tras la apertura de diligencias previas por parte de un juzgado, que investiga las acciones de estos ayuntamientos, así como del de Móstoles y la Confederación Hidrográfica del Tajo, en relación con los vertidos y asentamientos ilegales en la región.
Defensa de las Actuaciones Municipales
En respuesta a la investigación, el Ayuntamiento de Navalcarnero ha asegurado que no ha habido «inactividad» en cuanto a la protección del río, calificando de «paradójica» la imputación del alcalde, dado que las competencias en materia de Medio Ambiente están delegadas desde 2015. Según fuentes del consistorio, aunque se les atribuyen responsabilidades por dos viviendas ilegales, estas ya tienen su expediente sancionador completo. Además, enfatizan que Navalcarnero nunca ha vertido desechos en el río, una problemática que se presenta en otros municipios como Móstoles y Arroyomolinos.
Desde el Ayuntamiento recalcan que siempre han actuado ante cualquier requerimiento técnico y han abordado las cuestiones urbanísticas, dado que son los principales afectados por la situación del río. Además, subrayan que el área es un Parque Regional de la Comunidad de Madrid, que tiene plenas competencias en materia de vigilancia y control, lo que plantea interrogantes sobre la falta de imputaciones provenientes de esta administración.
Acciones en Arroyomolinos y Compromiso Social
Por su parte, el Ayuntamiento de Arroyomolinos ha manifestado que, aunque el alcalde no ha recibido notificación alguna sobre el asunto, han tomado diversas medidas a lo largo de los años para abordar el problema de los asentamientos ilegales, que persiste desde hace décadas. En un comunicado, la administración local ha detallado acciones en materia de disciplina urbanística, incluyendo la demolición de viviendas ilegales y la recuperación de terrenos, lo que ha contribuido a mitigar el riesgo de reocupación de edificaciones vacías.
Las autoridades municipales han destacado su compromiso económico para ofrecer alternativas habitacionales y apoyo social, junto a las iniciativas de recuperación del entorno. También han implementado un servicio de vigilancia por parte de la Policía Local para prevenir nuevas ocupaciones y han realizado labores continuas de limpieza de residuos y escombros en colaboración con la Comunidad de Madrid y la Confederación Hidrográfica del Tajo.
Estas acciones evidencian el esfuerzo que realiza el Ayuntamiento para afrontar un problema que preocupa profundamente a la comunidad de Arroyomolinos, reiterando que la magnitud y complejidad de la situación superan las posibilidades de respuesta de una administración local.