Más de 15 organizaciones se unen el 19 de marzo para exigir 40 residencias completamente públicas

Los partidos progresistas presentarán mociones en los ayuntamientos donde gobiernan para defender esta postura

Una quincena de asociaciones y partidos políticos han convocado una concentración para exigir que las 40 residencias de mayores que se construirán en la región sean de «gestión 100% pública».

En una rueda de prensa conjunta, los representantes de sindicatos y familiares de víctimas de Covid-19 en residencias han anunciado que la protesta se llevará a cabo frente a la sede del Gobierno regional.

Demandas de las organizaciones convocantes

La presidenta de 7.291 Verdad y Justicia, María Jesús Valero, ha exigido que estas nuevas residencias cuenten con «personal suficiente de atención directa, sin un tiempo determinado de atención y sin que haya un profesional para decenas de usuarios». Valero ha resumido: «40 residencias sí, pero públicas y de calidad».

Además, ha subrayado la necesidad de contar con personal, materiales higiénicos y una buena alimentación, aspectos que actualmente se están recortando en las residencias de gestión indirecta y privada. Valero considera que el modelo de colaboración público-privada convierte a las residencias en un negocio.

Propuesta de gestión pública

En esta línea, tanto su asociación como las otras convocantes han solicitado que «las residencias que en la actualidad son concertadas pasen a ser de gestión pública». La secretaria de Políticas Sociales de UGT Madrid, Laura Muñoz, ha enfatizado que «es esencial invertir en un modelo público» y ha destacado la importancia de las ratios de atención. «Sea pública o privada, los usuarios necesitan el mismo tiempo de atención para realizar sus tareas diarias. La diferencia es que en la pública hay un mayor número de personal», ha aclarado.

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Muñoz también ha expresado la preocupación del sindicato por la «falta de personal en el sector de dependencia». La creación de estas 40 residencias 100% públicas de gestión directa ayudaría a mitigar esta situación, dado que solo el 6,72% de las plazas existentes en la Comunidad de Madrid son públicas, según datos del Gobierno regional.

Detalles sobre la construcción de nuevas residencias

La construcción y apertura de estas 40 nuevas residencias y de otros 40 centros de día para mayores y dependientes hasta el año 2030 fue uno de los anuncios destacados de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Este proyecto prevé una inversión de casi 500 millones de euros y generará 5.600 empleos directos y 15.000 durante su construcción.

Desde entonces, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ha proporcionado detalles sobre el proyecto, indicando que los nuevos centros no superarán las 150 plazas y más del 50% de sus habitaciones serán individuales, mientras que el resto estará destinado a un máximo de dos personas. La consejera del ramo también ha mencionado que más de 60 municipios han mostrado interés en acoger uno de estos espacios.

Acciones en los ayuntamientos

Los grupos municipales Más Madrid, PSOE, Podemos e Izquierda Unida han anunciado su intención de presentar mociones en los plenos de los ayuntamientos donde gobiernan, instando al Ejecutivo regional a elaborar un estudio para la ubicación de las 40 nuevas residencias de mayores y a comprometerse con la gestión pública de las mismas.

En la rueda de prensa, los representantes han solicitado que se inicien los trámites para la constitución de una comisión técnica compuesta por representantes del Gobierno regional, de los diferentes municipios y de asociaciones de familiares y sindicatos, con el objetivo de estudiar la necesidad de establecer una zonificación adecuada. Esta solicitud surge ante la «maniobra del Gobierno regional de pedir a los alcaldes la cesión de suelo público para la construcción de esos centros».

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Los representantes han advertido que, donde gobiernan alcaldes socialistas, no se permitirá la cesión de ningún metro cuadrado para residencias privadas, argumentando que deben ser de gestión 100% pública y que tanto los alcaldes como los usuarios deben tener derecho a participar en el diseño y gestión de este modelo.