La Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid ha decidido levantar la suspensión cautelar sobre el antiguo edificio del restaurante Baobab, ubicado en el barrio de Lavapiés. Esta decisión se fundamenta en la consideración de que el inmueble carece de valor cultural que justifique su protección, permitiendo así que se convierta en un hostel.
El Ayuntamiento de Madrid ha comunicado que el 22 de mayo la Comunidad de Madrid tomó esta determinación respecto a un edificio que, según los informes, ha estado cerrado y vandalizado durante un periodo prolongado. En consecuencia, la Agencia de Actividades del Consistorio ha dado luz verde a la demolición del edificio y a la instalación de un hostel en su lugar.
El proceso pasó por la evaluación de la Comisión para la Protección del Patrimonio Histórico, Artístico y Natural, que emitió un dictamen favorable a la demolición en mayo de 2020, argumentando que no existían elementos dignos de conservación.
La Agrupación de Madrileños y Amigos de lo Castizo, que lleva más de cuatro décadas trabajando por la preservación de la cultura madrileña, ha sido un actor relevante en este contexto. En enero pasado, el PSOE había denunciado el caso ante la Fiscalía, expresando su preocupación por el posible daño irreversible que podría causar el derribo del edificio. Ante esta situación, el Ayuntamiento consultó a la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad para esclarecer la validez de la licencia, lo que llevó a la paralización temporal de las obras. Sin embargo, la resolución actual permite retomar la construcción del hostel.
La reacción del concejal socialista Antonio Giraldo no se ha hecho esperar, calificando la decisión como «triste y preocupante». Giraldo ha criticado tanto a la Comunidad de Madrid como al Ayuntamiento por permitir la demolición de dos edificios que consideraba representativos de la cultura local, reemplazándolos por un hostel de diseño «anodino». A su juicio, esta situación pone de manifiesto la contradicción en el discurso del Partido Popular, que proclama la defensa del patrimonio y las costumbres, pero actúa de manera contraria cuando se trata de intereses económicos.
El edil ha indicado que han consultado a expertos en patrimonio y arquitectura, además de la asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio, quienes han señalado inconsistencias en los datos y fechas presentados en la resolución final de la Comunidad de Madrid. Por esta razón, el PSOE continuará explorando todas las opciones disponibles para intentar frenar esta operación y preservar el patrimonio en cuestión.