El juicio relacionado con el ‘caso Vivotecnia’ concluyó el pasado viernes, quedando a la espera de una sentencia en el Juzgado de lo Penal número 30 de Madrid. Las acusaciones persisten en su demanda de condena por dos delitos de maltrato animal, que involucran procedimientos realizados en un conejo y varias ratas en el contexto de experimentación.
Este caso salió a la luz en abril de 2021, cuando la organización Cruelty Free International presentó una investigación que revelaba infracciones en la normativa de bienestar animal en el laboratorio Vivotecnia, situado en Tres Cantos. Posteriormente, la Comunidad de Madrid suspendió sus operaciones tras llevar a cabo una inspección que evidenció indicios de maltrato.
Durante el juicio, se examinaron grabaciones realizadas por una trabajadora del laboratorio, quien documentó prácticas que consideró incompatibles con el bienestar de los animales. La legalidad de estas grabaciones se convirtió en un aspecto fundamental del proceso judicial. La Fiscalía defendió su validez, argumentando que fueron tomadas en un entorno laboral sin violar derechos fundamentales, y que no había pruebas de manipulación en los vídeos. Se afirmó que las imágenes mostraban a los animales conscientes durante procedimientos que requerían anestesia profunda.
Uno de los acusados enfrenta cargos por la realización de una eutanasia a un conejo que, según la acusación, no recibió la sedación adecuada, lo que resultó en graves lesiones e incluso la muerte del animal. El segundo acusado, por su parte, está acusado de realizar punciones retroorbitales en ratas sin la anestesia necesaria, causándoles sufrimiento y potenciales daños oculares.
Durante el juicio, varios expertos en bienestar animal y experimentación animal presentaron su testimonio. El tribunal aceptó un informe elaborado por Faada, una fundación dedicada a la defensa de los animales, que fue realizado por un destacado especialista con más de 40 años de experiencia en el campo. Este experto corroboró que muchas de las prácticas observadas en las grabaciones no eran compatibles con una sedación adecuada, y que los movimientos de los animales reflejaban respuestas conscientes de dolor, estrés y un intento de escapar.
Ana Cal, abogada de la acusación popular, argumentó que las pruebas presentadas evidencian violaciones de los protocolos de bienestar animal y que existía un contexto de normalización del sufrimiento en el laboratorio. Durante su intervención, subrayó la atmósfera de miedo y falta de empatía hacia los animales, y criticó la estrategia de la defensa, que intentó desviar la responsabilidad hacia la testigo protegida.
Cal destacó una de las frases captadas en las grabaciones que evidenciaba la conciencia sobre el riesgo de lesión que implicaban las prácticas realizadas. Según Anna Estarán, otra de las abogadas de Faada, este juicio ha logrado romper el silencio sobre una realidad oculta, generando un impacto social y jurídico irreversible.
Desde el ámbito político, Yolanda Morales, portavoz del Partido Animalista Pacma, enfatizó que, independientemente del veredicto, este caso brinda la oportunidad de visibilizar el sufrimiento de los animales en experimentación y promover una mayor conciencia social al respecto. Cristina Ibáñez, abogada de AnimaNaturalis, agregó que el ‘caso Vivotecnia’ reabre el debate sobre la necesidad de un sistema de control más transparente que prevenga situaciones de sufrimiento injustificable bajo la apariencia de legalidad.