La región alcanza la calificación crediticia más alta por parte de las cinco principales agencias internacionales de rating

La Comunidad de Madrid ha alcanzado la máxima calificación crediticia de su deuda, siendo reconocida por las cinco principales agencias internacionales de calificación: Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, DBRS y Scope. Recientemente, la agencia alemana Scope Ratings se sumó a este grupo al elevar la nota de la región a A+ con perspectiva estable, según lo indicado por la consejera de Economía, Hacienda y Empleo durante un encuentro informativo con los medios.

Reconocimiento internacional de la estabilidad financiera

Este logro representa el más alto reconocimiento que puede obtener una comunidad autónoma de régimen común, dado que ninguna puede superar la calificación del Estado. Esta distinción consolida a Madrid como un destino atractivo para los inversores internacionales y reafirma su papel como motor económico del país.

Scope ha evaluado el perfil crediticio individual de Madrid, otorgándole una puntuación de 84 sobre 100, destacando sus fortalezas en diversos aspectos. Entre ellos, se encuentra su economía robusta y diversificada, un acceso consolidado a los mercados, un perfil de deuda favorable, un sólido colchón de liquidez y la buena gestión de sus cuentas públicas.

Trayectoria de reducción de deuda y crecimiento económico

El informe también resalta que el nivel de endeudamiento de la Comunidad de Madrid sigue una tendencia a la baja, situándose por debajo de la media autonómica. Además, Scope valora positivamente la capacidad administrativa de la región, su larga trayectoria de gestión financiera prudente y sus factores sociales, que se ven favorecidos por un dinamismo demográfico y laboral notable. En 2024, Madrid registró un PIB per cápita un 37% superior al promedio nacional y, al cierre de 2025, la tasa de desempleo se ubicó en un 7%.

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Asimismo, es importante mencionar que la Comunidad de Madrid financia completamente sus operaciones a través de los mercados de capitales y la banca, sin necesidad de recurrir a los mecanismos de liquidez que el Estado ofrece a las autonomías. Esto refleja una sólida independencia financiera y una gestión eficaz de sus recursos.