La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha comunicado en el Pleno de la Asamblea de Madrid que el Gobierno regional interpondrá un recurso contencioso-administrativo contra la actuación del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, debido a la acampada que se ha establecido en la Puerta del Sol.
Díaz Ayuso ha detallado que la Comunidad de Madrid solicitará medidas cautelarísimas para lograr la “inmediata disolución” de la acampada, tras haber finalizado el plazo de 48 horas que se otorgó al delegado del Gobierno para tomar las acciones pertinentes.
“Esta misma mañana, la Comunidad de Madrid presentará un recurso contencioso-administrativo en respuesta a la inacción del delegado del Gobierno, quien se ha negado a desalojar la acampada ilegal en la Puerta del Sol”, declaró la presidenta durante su intervención.
En su discurso, Díaz Ayuso también hizo un llamado para que se garantizara el acceso de los servicios de emergencia a la plaza. “Por favor, que desalojen al menos lo suficiente para que puedan pasar las ambulancias”, resaltó, al tiempo que mencionó las dificultades que, según sus afirmaciones, la acampada ha causado a los comerciantes de la zona.
Argumentos del Gobierno Regional
La Comunidad de Madrid argumenta que la concentración y la acampada permanente en la Puerta del Sol están sobrepasando los límites constitucionales y legales del derecho fundamental de reunión. Además, el Ejecutivo autonómico sostiene que es responsabilidad del delegado del Gobierno implementar medidas de prevención y vigilancia para asegurar la protección de las personas, bienes e instituciones.
La situación también se ve agravada, según el Gobierno regional, por actos vandálicos y daños a elementos del patrimonio histórico-artístico de la Puerta del Sol.
El recurso que ha anunciado el Gobierno regional busca que la jurisdicción contencioso-administrativa determine las acciones que deben llevarse a cabo respecto a la acampada y la actuación de la Delegación del Gobierno.
Marco Legal del Recurso
La Comunidad de Madrid ha formalizado un recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa en el que solicita la implementación de medidas cautelarísimas para el desalojo de la acampada situada en la Puerta del Sol.
La Abogacía General de la Comunidad sostiene que se están superando los límites constitucionales y legales en relación con el derecho fundamental de reunión, y que se está llevando a cabo una ocupación ilegal del espacio público.
Además, el documento presentado señala que es deber del delegado del Gobierno ejercer las competencias necesarias de prevención y vigilancia para garantizar la seguridad de las personas, bienes e instituciones.
Un informe elaborado por la Dirección General de Patrimonio y Oficina del Español de la Comunidad de Madrid indica que la acampada causa un impacto físico y directo sobre dos Bienes de Interés Cultural: la Real Casa de Correos y la escultura del Oso y el Madroño. La Comunidad considera que algunos de los hechos podrían constituir un delito de expolio contra el patrimonio cultural y exige la actuación de la Administración del Estado dentro de su ámbito de competencias.
Impacto en el Patrimonio Cultural
Entre las afecciones mencionadas se hallan individuos trepando por la fachada de la Real Casa de Correos y utilizando ventanas y rejas como puntos de apoyo, lo que ejerce presión sobre elementos arquitectónicos no diseñados para soportar tal carga. También se han registrado actos de vandalismo como pintadas y grafitis.
El informe también documenta que algunas personas han escalado la escultura del Oso y el Madroño, colocando pegatinas y otros objetos sobre la pieza y otros elementos patrimoniales.
La Comunidad de Madrid subraya que la ocupación total de la plaza obstaculiza la visibilidad, el acceso y el disfrute de este espacio protegido, dificultando la inspección de ciertas áreas y la detección de posibles daños adicionales.
La solicitud presentada por la Comunidad de Madrid ahora está a la espera de la decisión de la jurisdicción contencioso-administrativa respecto a las medidas cautelarísimas propuestas.