Los sindicatos policiales han calificado de «esperpento» la decisión del Gobierno de investigar su actuación durante el desalojo de Maricarmen, una mujer de 87 años con discapacidad que vivía en alquiler en el barrio del Retiro, en Madrid. La Delegación del Gobierno en la capital española anunció recientemente la apertura de una investigación sobre el accionar policial en este contexto, lo que ha llevado a los representantes sindicales a acusar al Ejecutivo de ser «hipócrita» y «oportunista».
Los sindicatos exigen que se deje de señalar a los agentes que simplemente cumplieron con una orden judicial y piden que la investigación examine todas las órdenes recibidas, en lugar de basarse en «imágenes aisladas». Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) han expresado: «Comprendemos la dureza de las imágenes y la necesidad de investigar cualquier posible irregularidad. Sin embargo, también solicitamos que se escuche a los policías presentes, se analicen las grabaciones completas y se consideren las órdenes y el contexto de un operativo complejo».
Rechazo a la decisión del Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Madrid ha declinado la oferta de Urbagestión de permitir que Maricarmen regrese a su hogar, aunque se ha mostrado dispuesto a mediar en la situación. Los representantes del SUP han argumentado que no es justo demandar a los agentes que cumplan con una resolución judicial y, al mismo tiempo, juzgar su actuación solo a partir de breves fragmentos de vídeo, sin tener en cuenta lo que sucedió antes.
El SUP ha insistido en la necesidad de llevar a cabo una «investigación rigurosa» en respuesta a las denuncias de varios grupos como el Sindicato de Inquilinas y otros activistas que alegan haber sido «gaseados» con spray policial o agredidos, dejando marcas visibles en sus cuerpos. «Los policías también merecen la presunción de inocencia y todas las garantías legales», han señalado, recordando que ni Maricarmen ni nadie más es objeto de un desalojo por decisión directa de la Policía Nacional.
Contexto de presión mediática
El sindicato ha subrayado que la Policía actúa para garantizar el cumplimiento de resoluciones judiciales en situaciones de considerable presión mediática y en presencia de personas que intentan obstruir las intervenciones. El SUP ha puesto a disposición de los agentes involucrados en el desalojo sus servicios jurídicos. Asimismo, han recordado que es común que las operaciones de la Unidad de Intervención Policial (UIP) sean objeto de cuestionamientos, como ocurrió recientemente en Ceuta o en eventos políticos importantes.
Frente a las críticas sobre supuesta «brutalidad policial» provenientes de activistas y ciudadanos durante el desalojo, fuentes del Ministerio del Interior han señalado que la Policía Nacional cuenta con protocolos internos para abordar cualquier actuación irregular que pueda surgir.
Responsabilidad institucional en cuestión
Desde Jupol, se ha argumentado que el Gobierno intenta «lavarse las manos». Consideran «esperpéntico» que el delegado del Gobierno en Madrid pretenda desmarcarse de la responsabilidad institucional del operativo y luego cuestione públicamente la actuación de los agentes. Inicialmente, la Delegación del Gobierno afirmó que la Policía Nacional estaba actuando bajo el mandato de la comisión judicial encargada del desalojo, pero dos días después, el delegado Francisco Martín anunció una investigación sobre posibles excesos policiales tras reconocer que había imágenes del operativo que no le agradaban.
El sindicato ha criticado la «hipocresía» del representante gubernamental, señalando que cuando se trata de garantizar el cumplimiento de una resolución judicial, los policías son considerados necesarios, mientras que ante la aparición de imágenes controvertidas, algunos responsables políticos parecen querer distanciarse del operativo y señalar a los agentes. En este contexto, los sindicatos han recordado que el delegado del Gobierno actúa como la autoridad política supervisora del dispositivo, bajo la dependencia funcional del Ministerio del Interior.